Por
Afortunado o desafortunado: quién consigue continuar su formación,
Christine Böckelmann es la directora y Erik Nagel el vicedirector de la Escuela de Negocios de Lucerna.
¿Debería restringirse de nuevo el mercado de la formación continua de las universidades, recientemente establecido? Esto sería contrario a su misión.
Las fuerzas del libre mercado deben desempeñar un papel en la formación continua: esta es la voluntad política que se puso en marcha a principios de 2017 con la Ley de Formación Continua. Por supuesto, esto también se aplica a los programas de formación continua de las universidades. Deben ofrecerse sobre una base de cobertura de costes y no deben distorsionar la competencia. El mercado de la formación continua se desarrolla desde hace años de forma dinámica debido a las elevadas exigencias del mundo laboral y a la consiguiente necesidad de profundizar continuamente en las competencias.
La cuota de mercado de las universidades es del 2,6%, la de las universidades de ciencias aplicadas del 2,9%. Así, aunque las universidades no desempeñan en absoluto un papel dominante, su desarrollo en el sector de la formación continua se evalúa repetidamente de forma crítica. Por ejemplo, se afirma que la formación continua universitaria compite con la formación profesional superior, que la formación continua ofrecida por las universidades está subvencionada con fondos públicos o que las universidades están haciendo un «gran negocio» con la formación continua. Esto implica que las universidades tienen un interés propio en generar y maximizar los ingresos. Aunque la crítica puede ser fácilmente refutada, el discurso público negativo tiene sin embargo un efecto:
Práctica y ciencia
En la escena política, cada vez son más fuertes las voces que reclaman una mayor regulación. Se quiere volver a restringir el libre mercado de la formación continua, recientemente establecido, para las universidades. Sin embargo, esto va en contra de su misión. Se supone que las universidades deben poner sus conocimientos a disposición de la sociedad y la economía, lo que pueden hacer en particular a través de su oferta de formación continua continuamente actualizada. Las universidades de ciencias aplicadas, en particular, cuyo «ADN» incluye un doble enfoque en la práctica y la ciencia, están predestinadas a calificar a especialistas y gestores para un mundo laboral en rápida evolución, cada vez más interconectado y complejo. En la actualidad se reclama la regulación de la cuestión de qué marco debe aplicarse a la admisión en la enseñanza superior. Hay consenso en que la «vía real» es admitir a personas con un título terciario y que las personas sin título terciario sólo pueden participar en casos absolutamente excepcionales. Hay discrepancias sobre la cuestión de las condiciones en las que deben acceder las personas con un título de nivel terciario B. Se pide que se regule mediante una cuota, es decir, que se limite el número mediante una norma rígida. Hay que precisar que «la mayoría» de los participantes debe tener un título universitario. – La formación profesional conduce a un alto grado de empleabilidad. Los titulados de la formación profesional superior suelen desempeñar en el mundo laboral tareas comparables a las de los titulados universitarios en sus áreas de especialización. En consecuencia, suelen tener las mismas necesidades de formación continua o desean ampliar y profundizar sus conocimientos en los mismos campos. Es esencial que estos profesionales puedan participar en el aprendizaje permanente de diversas maneras y, por lo tanto, también tengan acceso a la formación continua universitaria con base científica. Sin embargo, esto debe estar vinculado a unas condiciones claras en el ámbito de las competencias: Para garantizar que se puedan cumplir los requisitos, se requieren varios años de práctica profesional cualificada en un campo profesional relevante para la respectiva formación continua y suficientes competencias científicas. Las universidades deben garantizar esto.
Mantener la igualdad de oportunidades
Con un sistema de cuotas, el paso de la formación profesional superior a la educación superior ya no dependería de las competencias. En su lugar, dependería de cuántas otras personas quisieran cursar estudios superiores al mismo tiempo. Algunos tendrían simplemente suerte, otros no. Esto vulnera la igualdad de oportunidades, perjudica la probada permeabilidad del sistema educativo suizo, conduce a biografías educativas que acaban en callejones sin salida y perjudica la urgente cualificación continua de nuestros trabajadores cualificados. La oferta actual de formación continua se colapsaría en los distintos campos.
La presión para obtener una formación universitaria aumentaría aún más, ya que ya no se puede garantizar una travesía posterior desde la formación profesional. Además, el sistema de enseñanza superior suizo en su conjunto se vería debilitado, ya que los proveedores internacionales de formación, que cada vez entran más en el mercado, no tendrían que cumplir la normativa sobre cuotas.
Contra
La educación continua es un asunto no público
Klaus Hekking es presidente de la Unión Europea de Enseñanza Superior
En el artículo anterior, publicado en el Neue Zürcher Zeitung el 23 de junio de 2020, los autores abogan por la apertura del mercado de la formación avanzada comercial para las universidades estatales en Suiza. Dado que no se trata sólo de un debate en Suiza, sino también en todo el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), consideramos necesario dejar clara nuestra opinión al respecto.
Desde el punto de vista de la política reguladora europea, nos parece correcto restringir las actividades de las universidades estatales financiadas mayoritariamente con fondos fiscales en el mercado de la enseñanza superior gratuita. Su entrada en este mercado con los medios del profesorado y de las infraestructuras financiadas por los impuestos en la UE puede ser una ayuda no compatible según el Art.107 del TFUE, porque distorsiona la competencia en el mercado de la educación libre y pone en peligro los modelos de negocio probados y en funcionamiento de las instituciones de educación superior privadas que no reciben subvenciones públicas.
La educación superior en Europa es tradicionalmente un asunto no público y un terreno de las instituciones privadas de educación superior. Desarrollan programas de formación avanzada a medida y relacionados con la práctica de alta calidad para la industria con su propio dinero, con pleno riesgo empresarial, y en una competencia feroz, no hay que olvidar: Muchas de ellas pagan por este negocio también los impuestos de sociedades. Así que este modelo probado de formación avanzada crea una situación en la que ganan los estudiantes, los clientes, las instituciones privadas de educación superior y el Estado. Esto ha funcionado bien en el pasado y en el presente y funcionará en el futuro. La enseñanza superior financiada con fondos públicos no es necesaria ni tiene valor añadido
No hay ningún vacío en la oferta de formación continua que las universidades públicas tengan que cubrir necesariamente. Esto queda claro sólo con el hecho de que la oferta de formación continua de las universidades estatales tiene una demanda muy baja, con una cuota de mercado inferior al 3%. Las universidades estatales en Europa tienen su mandato principal en la enseñanza académica no comercial y la investigación, y deberían centrar toda su energía en este mandato para asegurar la primera calidad de sus cursos de estudio y sus actividades de investigación.
